CAMPINA GRANDE, Brasil —  En febrero, cuando Marina Leite tenía semanas de embarazo, llegó a un hospital con dificultades para hablar o respirar.

Tenía el doble de la cantidad normal de líquido amniótico, una complicación que pone en riesgo la vida y que, según los médicos, sucede por graves deformidades en el feto relacionadas con el virus de Zika.

Una semana después, a Marina, de 35 años, se le practicó un aborto.

“Seguí lo que me dictó el corazón y el consejo de mis doctores para sobrevivir”, contó.

En casi todas las circunstancias, el aborto es un delito con una condena de hasta tres años de cárcel en Brasil. Pero en el caso de Marina, debido al riesgo que corría su salud, su aborto fue considerado legal y los doctores estaban dispuestos a practicarlo.

En Brasil, un país donde el acceso al aborto legal es muy restringido, el zika ha multiplicado el miedo a los defectos de nacimiento. Por ejemplo, algunas mujeres han optado por abortos ilegales antes de saber si sus bebés tenían microcefalia.

Un estudio realizado en 2013, mucho antes de que apareciera el zika, reveló que cada año se practican unos 900.000 abortos ilegales en Brasil. El año pasado, el número de mujeres que buscó atención médica debido a abortos mal hechos superó el de mujeres a quienes se les practicaron abortos legales en una proporción de casi 100 a uno, según los cálculos del Ministerio de Salud del país.

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