El creciente número de mujeres que hicieron la denuncia y luego fueron víctimas de femicidio, penas atenuadas, justificaciones a los violentos. Un estudio de la Defensoría General de la Nación y Amnistía Internacional pone en evidencia las fallas de los operadores judiciales.

 Por Mariana Carbajal

En la última década, fiscales, jueces y otros operadores de la Justicia en distintos puntos del país fueron, de una forma u otra, partícipes necesarios de numerosos femicidios al minimizar las denuncias de mujeres que terminaron asesinadas por su pareja o ex pareja, demorar el dictado de medidas cautelares para protegerlas, no controlar su cumplimiento, y dejar impunes delitos como lesiones leves y amenazas, que luego derivaron en agresiones mayores, hasta la muerte. Una vez cometido el femicidio, en algunos casos aplicaron penas atenuadas, luego de justificar las conductas del asesino, con diversos argumentos que denotan prejuicios arraigados, por ejemplo, una presunta infidelidad de la esposa, o interpretaron como “abandono” la decisión de la mujer de separarse para terminar con un vínculo atravesado por malos tratos. Estas son conclusiones de un relevamiento de una veintena de causas judiciales que investigaron los homicidios de mujeres a manos de parejas o ex parejas y que forman parte de libro “Femicidio y debida diligencia: estándares internacionales y prácticas locales”, elaborado por la Defensoría General de la Nación junto con Amnistía Internacional Argentina.

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